Condonación 2018

Necesario que se respete y garantice el derecho a decidir de todas las personas con discapacidad

Especialistas en derechos humanos, Barras de abogados, universidades, autoridades de gobierno y representantes de la sociedad civil coincidieron en la necesidad de que se respete y se garantice el...
Necesario que se respete y garantice el derecho a decidir de todas las personas con discapacidad

Necesario que se respete y garantice el derecho a decidir de todas las personas con discapacidadEspecialistas en derechos humanos, Barras de abogados, universidades, autoridades de gobierno y representantes de la sociedad civil coincidieron en la necesidad de que se respete y se garantice el derecho a decidir de todas las personas con discapacidad.

Este consenso fue uno de los resultados del “Foro Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad y su Derecho a Decidir” realizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC) en colaboración con el Taller Protegido para Personas con Discapacidad (Tall Prodis, A.C), la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad A.C (CONFE), el Poder Judicial del Estado y el Sistema DIF Tijuana.

La Ombudsperson de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, subrayó que en el Foro, las y los participantes aportaron sus perspectivas para incidir que en Baja California se garantice la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, entendida esta como la aptitud de una persona para adoptar decisiones jurídicamente válidas y entablar relaciones contractuales vinculantes.

Agregó que este tipo de ejercicios son un paso adelante para alcanzar los cambios necesarios para que a las personas con discapacidad les sea respetado el derecho a decidir, que implica aspectos como contraer matrimonio, comprar una casa, solicitar un préstamo bancario, heredar, comprar cualquier tipo de bienes, entre otros.

“Estas decisiones que tomamos todas las personas, muchas veces les son restringidas a las personas con discapacidad, en particular a las personas con discapacidad intelectual, por eso es necesario y de suma importancia que se realicen actividades en las que se reúnan especialistas nacionales e internacionales, autoridades, activistas y la comunidad en general para analizar y establecer rutas de trabajo para que Baja California vaya a la vanguardia en temas de inclusión y respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas con discapacidad”, señaló.

En ese sentido, destacó la participación del Doctor Francisco Bariffi, quien además de ser un destacado académico de la Universidad Nacional del Plata, Argentina y contar con un una amplia experiencia en temas relacionados a la justicia para las personas con discapacidad, es el Director Académico de la Red Iberoamericana de Expertos sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD); asimismo, fue uno de los expertos que participó en la elaboración en dicha Convención, considerada como uno de los máximos tratados internacionales en materia de derechos humanos del siglo XXI.

Necesario que se respete y garantice el derecho a decidir de todas las personas con discapacidadPor su parte, Francisco Bariffi habló de la necesidad de que se garantice el derecho a decidir que tienen las personas con discapacidad, cambiando la forma actual que les restringe su capacidad de decidir por un por un modelo que reconozca su dignidad, autonomía y voluntad, y que les brinde los apoyos necesarios para que ejerzan ese y otros derechos. En ese sentido, compartió la jurisprudencia que se ha generado a nivel internacional sobre el tema.

Otro de los resultados fue el establecimiento de un compromiso con la Barra de Abogadas “María Sandoval de Zarco”, presidida por Erika Santana, para trabajar en equipo con la CEDHBC y organizaciones de la sociedad civil en la modificación de los códigos civil y familiar del Estado.

La Ombudsperson observó que si bien, la capacidad jurídica, como lo establece el Artículo 12 de la CDPD, es uno de los mayores retos que plantea este importante tratado, entender la necesidad de respetar el derecho a decidir que tienen las personas, en todos los ámbitos de su vida, nos ayuda a ir cambiando el paradigma de las formas de relacionarnos con las personas con discapacidad.

La Presidenta de la CEDHBC recalcó que este Foro se realiza en el marco del Mecanismo de Monitoreo de la Aplicación de la CDPD en Baja California, atendiento así con lo dispuesto en el Artículo 33, numeral 2 de dicho tratado, el cual fue asumido por el Organismo en 2015.

Por otro lado, Olvera Rodríguez recordó que en mayo de 2016, la CEDHBC exhortó al Gobierno del Estado a designar el Mecanismo de Aplicación de la CDPD, así como instalar el Sistema Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, atendiendo así lo dispuesto en el Artículo 33 de dicha convención, del Capítulo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Artículo 7 bis de la Ley Estatal para las Personas con Discapacidad.

Cabe subrayar que en la clausura del evento, la Presidenta de la CEDHBC reconoció la labor de Ángeles Buenrostro, Presidenta de Tallprodis, por su destacada trayectoria a favor de la inclusión de las personas con discapacidad en Baja California.

“El respeto a los derechos de las personas con discapacidad no es una utopía. Debemos visualizar un mundo en el que no existan barreras, en donde las personas con alguna deficiencia no vivan la discapacidad. Los invito visualizar escenarios ideales que nos ayuden a alcanzar una sociedad justa y equitativa para todos y para todas en donde se garantice el derecho a decidir que tienen las personas con discapacidad”, concluyó Melba Adriana Olvera Rodríguez.

En el Foro estuvieron presentes la Diputada Estatal Mónica Hernández Álvarez; el Magistrado Salvador Ortiz Morales, en representación del Poder Judicial; el Coordinador grupos vulnerables DIF Tijuana, Alfredo Flores López; el vicepresidente de CONFE, Martín Hernández; la Representante de CONFE en Baja California, Marta Pineda; Guadalupe Barrena Nájera, Directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); la Regidora Fátima Manrique, en representación del Ayuntamiento de Rosarito; así como representantes de diversas servidoras y servidores públicos de instituciones como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los gobiernos municipales de la Entidad, organizaciones de la sociedad civil y universidades.

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