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¿Realidad o utopía de los criterios de oportunidad en el NSJP?

La reforma de seguridad y justicia publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2008, marco un precedente importante en la impartición de...

La reforma de seguridad y justicia publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2008, marco un precedente importante en la impartición de justicia penal mexicana, pues mediante ella, se incorporaron diversas figuras jurídicas, que, en esencia, pretenden agilizar los procesos penales y así, materializar aquella máxima de “una justicia pronta, completa e imparcial”.

Por: Lic. Juan Daniel Porcayo

Luego entonces, la figura de “criterios de oportunidad” cobra relevancia en este modelo acusatorio adversarial, pues al ser una facultad discrecional del Ministerio Publico, su finalidad estriba en “evitar la saturación de trabajo tanto en las procuradurías como en los tribunales con delitos poco trascendentes que no afectan el interés público” y poder así, concentrar su atención en aquellos hechos delictivos que laceran gravemente bienes jurídicos de jerarquía mayor.

De tal suerte, una facultad discrecional debe ser entendida como aquella, en la que el Ministerio Público bajo su libre arbitrio, puede decidir lo que considera correcto en una situación determinada, por consecuencia, sobre sus hombros recae la posibilidad de la aplicación o inaplicación de un criterio de oportunidad, conforme al artículo 21 párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sin embargo, si bien es cierto que dicho numeral prevé diversas hipótesis en las cuales resulta procedente el criterio de oportunidad, también lo es, que en la práctica no resulta aplicable, lo que a nuestro sentir representa “una figura jurídica real pero inoperante”.
Lo anterior se sostiene porque a pesar de que se pretende que los procesos sean agiles y eficaces, aún sigue predominando una corriente de pensamiento equivoca por algunos; donde el objetivo propiamente no es “descongestionar” sino más bien “procesar” y esto, en lugar de representar un avance y progresividad para el sistema de justica acusatorio, refleja más bien un obstáculo retroactivo donde se estigmatiza a la persona, pues lejos de otorgarle la posibilidad de terminar con la investigación de forma anticipada, pareciera que lo que se busca es básicamente, criminalizarla.

Desde luego, para lograr el fin que se propone con la aplicación de los criterios oportunidad, se requiere forzosamente colocar en la balanza, los derechos del imputado y de la víctima, para no soslayar el derecho que le asiste a cada uno, de esta forma la aplicación que se realice resultara idónea, pertinente y eficaz.

Bajo tal contexto, dar paso a la materialización real de los criterios de oportunidad en los procesos penales, contribuirá a lograr un efecto tripartito; pues por cuanto hace a las fiscalías, su aplicación permitirá no solo descongestionar la excesiva carga de trabajo que predomina en ellas, sino, además, focalizar todo esfuerzo para dar mejores resultados en aquellas causas penales que requieren mayor atención, tal y como se tenía contemplado en un principio.
Por otra parte, se podrá decretar la extinción de la acción penal en favor del imputado, siempre y cuando, su conducta desplegada encuentre sustento en alguna de las hipótesis que para tal efecto se prevén en la ley penal adjetiva, garantizando a la par, la reparación del daño que debe satisfacerse en beneficio de la víctima u ofendido.

Por último, es necesario no olvidar, que la figura de victima u ofendido en este modelo de justicia, adquiere una gran relevancia; pues a la luz del derecho penal, dejan de ser sujetos invisibles para convertirse en sujetos que, por su especial situación, requieren tener una participación activa dentro del proceso y de este modo lograr, tanto el objetivo de que el culpable no quede impune, como también, obtener una reparación del daño que resulte adecuada, integral y proporcional.

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Director General de Códice Periódico.
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