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SE CONFIRMA QUE ALCALDE DE TIJUANA Y UN HERMANO TRANSGREDIERON LEY DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Las indagatorias realizadas por la Secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, confirman que el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, y un hermano que laboró en...
Las indagatorias realizadas por la Secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, confirman que el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, y un hermano que laboró en el Gobierno del Estado, transgredieron la Ley de Responsabilidad estatal, en el caso de contratos de arrendamientos millonarios desde la anterior administración.

La titular de la dependencia estatal abrió una carpeta de investigación sobre el posible peculado y desvío de recursos en contra de Arturo González Cruz y su familiar.

El gobernador Jaime Bonilla Valdez, en días pasados ordenó a la Secretaria de Honestidad y de la Función Pública (SHFP), realizar una investigación y la cancelación de contratos de arrendamiento por los cuales el Alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, ha estado recibiendo del Gobierno del Estado sumas millonarias.

La Unidad Investigadora Financiera llevará a cabo la revisión de los contratos de arrendamiento y de posibles sobornos o dádivas.

La titular de la SHFP, Vicenta Espinosa Martínez, explicó que los contratos realizados por el primer Edil, son añejos, y se está investigando por qué la actual administración renovó dichos contratos.

Dijo que, en las instalaciones de ISESALUD en la ciudad de Mexicali, ubicada en el bulevar Lázaro Cárdenas, hay una serie de consultorios y oficinas de la dependencia que aun cuentan con los logotipos oficiales de la anterior administración.

Espinoza Martínez informó que se revisa el contrato de arrendamiento que celebró el alcalde de Tijuana con ISESALUD, y el historial de otros documentos, para constatar si estos incurren o no en alguna falta, por un posible conflicto de interés y tráfico de influencias.

Este asunto está en manos del representante jurídico de ISESALUD, Alberto Borja Robles, para llevar a cabo las diligencias por los contratos signados en la actual administración y la anterior. El primer edil de Tijuana, ya con esta investidura, firmó la documentación para obtener pagos de más de $2.8 mdp mensuales.

Las investigaciones revelan que desde el año 2015 hasta 2019, se renovaron los contratos entre Arturo González Cruz y su hermano. Durante ese lapso de tiempo el familiar del presidente municipal, trabajaba en ISESALUD, y posteriormente se incorporó en Oficialía Mayor del Estado, por lo que se determinó que hubo un conflicto de intereses.

La secretaria de Honestidad y de la Función Pública, Vicenta Espinoza Martínez, fue explícita al respecto, y dijo que se transgredieron varios artículos de la Ley de Responsabilidad Administrativa de Baja california, entre otros, los siguientes:

Artículo 7, señala que los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de respeto a la dignidad de las personas, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

Artículo 43, detalla que todo funcionario que participa en alguna contratación, deberá subirla al sistema de la plataforma digital. El artículo 44, habla sobre el protocolo de actuación de los servidores que realicen contratos con particulares. Estos últimos deberán presentar por escrito, que no existe vínculo o relaciones para celebrar contratos.

Artículo 46. Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses todos los Servidores Públicos que deban presentar la declaración patrimonial en términos de esta Ley. Se refiere a propiedades que serán incluidos en un expediente.

La última renovación de dicho contrato se realizó en diciembre de 2019, justo cuando Arturo González Cruz, tenía poco tiempo de haber asumido el cargo de Presidente Municipal.

El articulo 68 marca que no podrá hacer uso de su poder económico y político sobre cualquier operación financiera para su beneficio o de algún tercero.

También el artículo 70, señala sobre la posible colusión, contratación con ventaja indebida, y arreglos cuyo objetivo es buscar un beneficio a través de la Hacienda Pública.

Finalmente la secretaria Espinosa Martínez expuso al gobernador Jaime Bonilla Valdez, que este caso llegó a la Unidad Investigadora Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal (SHCP), para indagar la procedencia de los recursos y el pago de sobornos o dádivas.

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Director General de Códice Periódico.
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