“Cuando la Ley se violenta, no se puede convalidar ni legitimar, por eso mismo el propio Consejo General del Instituto Estatal Electoral ha nulificado de facto, el proceso electoral, al reconocer la ineptitud manifiesta de sus consejeros, es por ello y por una serie de irregularidades y de delitos en este fraude que cometió el PAN, el gobernador del estado Francisco Vega y su candidato Juan Manuel Gastélum, que presentaremos un juicio de inconformidad para anular las elecciones en Tijuana”, señaló el Delegado del CEN del PRI en la entidad, Leobardo Alcalá Padilla.
En rueda de prensa, Alcalá Padilla, acompañado del Presidente del PRI en Tijuana, Alberto Tsutsumi, así como de los representantes del PRI ante los Distritos XI, Andrés Garza y del XII, María del Sol Félix, explicó la serie de irregularidades y fundamentos jurídicos en los cuales se presentará, ante el Tribunal Electoral, la nulidad de los cómputos de los distritos X, XI y XIII, y como consecuencia a esto, la nulidad a la elección de Presidente Municipal de Tijuana. Fraude electoral.
“El mismo Instituto Estatal Electoral se ha manifestado, nulificando de facto, el actuar de los Consejeros del distrito XI, mediante el acuerdo de fecha 12 de junio del 2016, acuerdo el cual sostiene literalmente que la Comisión Especial de Seguimientos de los cómputos distritales en compañía del resto de los Consejeros Electorales constataron, el día 11 de junio del 2016, que el funcionamiento de todos los consejeros, fue inadecuado, que incumplieron con sus atribuciones legales, que no existió coordinación entre estos, que medió un desconocimiento pleno del procedimiento a seguir en el desarrollo del cómputo distrital, concluyendo que: entorpecieron el desarrollo de las funciones electorales que por mandato legal deben cumplir ordenando su remoción inmediata”, detalló.
El Delegado del CEN añadió que otros de los principios de nulidad de la elección es que a lo largo del cómputo de los distritos X, XI y XIII, sin motivos y sin que existiera algún fundamento legal, se suspendió el conteo y la sesión de los consejos en distintas ocasiones, violando lo que se estipula en los artículos 12, 13 y 49 del reglamento interior de los consejos distritales y en el inciso IV de los lineamientos para el cómputo en los consejo distritales del proceso electoral local ordinario. De estos incidentes, reveló, se cuenta con una fe pública y los registros de los mismos medios de comunicación que fueron testigos de estas irregularidades.
Debido a lo antes mencionado, expresó que el PRI considera, que una nulidad de facto en los consejos distritales X, XI y XIII, es lo que esta de frente en estas elecciones pues se ha demostrado que por lo menos en el distrito XI, el propio Consejo General Electoral, constató la ineptitud manifiesta calificada, de todos los consejeros, removiéndolos de su cargo, justamente en el cómputo distrital, cómputo que bajo ninguna circunstancia podía ser interrumpido.
“Cabe señalar que el consejo electoral actuó bajo la premisa de una justicia selectiva, al no haber removido además a los integrantes del distrito XI y XIII en donde se actualizaron violaciones incluso más graves que en el propio distrito XI”, añadió.
“Tanto en los distritos XI como XIII se registró la presencia de la Policía Estatal Preventiva, en especial del grupo antimotines, donde sin que existiera un acuerdo de los Consejos, ejerció un perímetro de intimidación en las instalaciones, equiparándose esta acción de la autoridad estatal como un cateo no autorizado, pues sin que existiera la petición de parte del Consejo, la PEP actuó sin ningún consentimiento, lo cual también es motivo de nulidad”, agregó.
Alcalá Padilla comentó además que desde el inicio de la campaña, se registró por los medios de comunicación y redes sociales, la descarada compra de votos que Acción Nacional ejerció para favorecer a sus candidatos. Evidenciando que un promotor de Juan Manuel Gastélum, pagaba 30 mil pesos a movilizadores y 600 pesos por cada voto en el distrito 13. En un estimado se calcula que el PAN gastó más de 100 millones en la compra de votos.
“Al terminar la jornada electoral e iniciar los cómputos en los diferentes distritos, se observaron importantes irregularidades y delitos electorales, de los cuales contamos con actas circunstanciales, partes policiacos, certificaciones ante notarios y denuncias ante el ministerio público del fuero común, federal y la FEPADE. Tal es el caso del distrito 11 y 13 donde las actas de los cómputos y las capturas realizadas, difieren ampliamente con los resultados, tenemos más de 134 actas dolosamente capturadas, actas con estas irregularidades se encuentran en todos los distritos, tenemos fe pública que constata la existencia de ellas; 57 en el distrito 13 y 68 en el Distrito 11. Según el porcentaje de votación estamos hablando de entre 15 y 20 mil ciudadanos que votaron”, advirtió.
Finalmente, Leobardo Alcalá evidenció mediante material videográfico y la constancia en actas ante la Fepade, la serie de irregularidades que se demostró existieron en los cómputos del distrito XI, como fue la detección de que pseudoempleados del Instituto Electoral realizaban capturas de cómputos de forma clandestina en cuartos secretos, como el hallazgo de boletas electorales marcadas a favor del Candidato René Mendívil, las cuales estaban ocultas en el escritorio del entonces consejero presidente Antonio Pérez García; junto a estas boletas escondidas, se encontró propaganda a favor de los candidatos de Acción Nacional sin motivo alguno.
“Luego de este cúmulo de delitos generados por Acción Nacional en contubernio con el Instituto Electoral, no existe ninguna certeza de que los resultados que se arrojen luego de concluidos los cómputos, sean fidedignos, es por ello que recurriremos a las instancias superiores, como es el Tribunal Electoral, para exigir que se anulen las elecciones”, concluyó.