La polémica Ley de Aguas aprobada por el Congreso del Estado, promovida por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, dijo la funcionaria estatal, busca la integración de los organismos operadores del agua de los municipio que conforman la Zona Costa (Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate) para dotar de mayor infraestructura y hacer frente a la crisis de sequía que se registra en Baja California.
“Es un instrumento jurídico que viene a fortalecer los esquemas de financiamiento para garantizar a la población el suministro de agua potable y demás servicios que se ofrecen a través de los organismos operadores de agua; además trae consigo innovación en los sistemas operativos y la certeza de ampliar la cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario, a aquellas zonas en donde aún no hay servicios”, explicó.
“No desaparece la CESPTE, sólo cambia de nombre a Comisión Estatal de Servicios Públicos Metropolitanos Zona Costa”; en cuanto a la tarifa aseveró, cada municipio seguirá con una tarifa de cobro soportada por cuestiones técnicas y en caso de aprobarse un aumento sería evaluado por el consejo de administración del órgano metropolitano, y no de forma automática.
Actualmente, dio a conocer, las familias que no cuentan con servicio de agua potable gastan aproximadamente 500 pesos al mes en el consumo de 5 metros cúbicos, con servicio de pipas. Con infraestructura hídrica la tarifa será de 69 pesos, los mismos 5 metros cúbicos.
La actual Ley que rige el ordenamiento y reglamentación del servicio público del agua está redactada en el mismo sentido a la aprobada, informó Patricia Ramírez.