Indudablemente el hallazgo de fosas clandestinas en el País es un grave fenómeno, el cual es derivado de la deshumanización que se ha alcanzado en diversas entidades federativas, el cual por desgracia hacen justicia por propia mano y el modus operandi es catastrófico al momento de realizar dicho acto atentando contra el bien jurídico tutelado (vida), libertad y seguridad personal.
Columna por: Porfirio Luna
La problemática de hallazgos de fosas clandestinas se encuentra variable, ya que en algunos estados de la república el índice de criminalidad y el índice de fosas clandestinas encontradas varía según el estado; en estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Durango, Jalisco y Nuevo León impera un grado de violencia mayor a los demás países. Cabe mencionar que el número de fosas clandestinas encontradas podría ser un número irreal, tomando en cuenta que hay comunidades donde los habitantes sienten temor por los carteles y por ende no denuncian.
El modus operandi que toman algunos de los cárteles que embargan ciertos estados de la república utilizan la inhumación clandestina, con el propósito de sembrar terror, pues así podrán tomar control de los territorios y por otro lado, podrán de esa manera burlarse del sistema y hacer alarde de la impunidad que existe y con la que se puede actuar en México. El cual es necesario que el representante social cumpla y se apeguen al artículo 21 constitucional en cuanto a la obligación de llevar a cabo investigaciones que arrojen resultados positivos para esclarecer estos hechos que violentan los derechos humanos, ya que estos crímenes son de lesa humanidad.
Y como consecuencia del problema de las desapariciones que subsiste en el país es indudable la falta de una procuración de justicia pronta y expedita como lo mandata la constitución federal en el artículo 17 es letra muerta, y lamentablemente lejos de producir investigaciones eficaces y sustentadas para la localización de las víctimas y el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables, en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en un estado de abandono y de indefensión, revictimizándolos al hacer nugatorios sus derechos contemplados en el numeral 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En diversas entidades del país, personal de la Comisión Nacional de los Derechos humanos apoya a organizaciones civiles para hacer frente al flagelo de la desaparición de personas, así como revisar actuaciones ministeriales de las autoridades encargadas de investigar los casos para determinar los avances alcanzados, reforzar las labores de acompañamiento en actividades de campo y dar seguimiento a los procesos de identificación que llevan a cabo las autoridades correspondientes.
De acuerdo a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en su artículo 4 Fracción XXIII señala que el Registro Nacional de Fosas deberá contar con información respecto de las fosas comunes y clandestinas localizadas por la Fiscalía General de la República y las procuradurías o fiscalías estatales. Es preciso que éstas confirmen, procesen e integren los hallazgos reportados. Sin duda alguna la generación de un registro adecuado, en los términos antes señalados, es un paso fundamental para avanzar en las líneas de investigación conforme a derecho y así llegar a procesar a los presuntos responsables.
Todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la persona desaparecida o no localizada se debe de hacer de manera inmediata, oportuna, transparente, con base en información útil y científica, encaminada a la localización, y en su caso, identificación, atendiendo a todas las posibles líneas de investigación. Y bajo ninguna circunstancia se podrán invocar condiciones particulares de la persona desaparecida o no localizada, o la actividad que realizaba previa al momento de la desaparición para no ser buscada de manera inmediata.
El tema de las fosas clandestinas ha sido una de las impunidades más trágicas en nuestra historia, dejando sin familiares a miles en México, una problemática qué a pesar de los cambios en el sistema no a sido suficiente y eficiente, no se le ha dado solución, el índice de criminalidad sigue aumentado y el descubrimiento de fosas clandestinas sigue extendiéndose a lo largo del país e imperando la impunidad y el rezago de carpetas de investigaciones.
El problema de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado Mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está esta convirtiendo en un obstáculo que no se a podido erradicar y superar el camino hacía una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos.
Saludos cordiales estimado lector.