TIJUANA.- El Delegado Federal Único en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, se pronunció para que continúe vigente en la Constitución Mexicana la existencia de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) en ciertos delitos considerados graves.
En conferencia de prensa expresó, que se suma a la petición del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador hecha a través de la Secretaría de Gobernación a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos y el combate a la impunidad.
Asimismo, el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República tras reiterar que en consecuencia prevalezca la prisión preventiva oficiosa.
Con relación a dejar en manos de los jueces considerar que delito amerita prisión preventiva oficiosa: “Generaría corrupción porque lamentablemente no todos los jueces son honestos y además una presión adicional sobre los impartidores de justicia”, dijo.
Resaltó que la Defensa del Gobierno Federal sobre la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) se basa:
1.- En que es fundamental de la existencia de la PPO en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal.
2.- De conformidad con nuestra Constitución implica que los presuntos culpables enfrenten el proceso en prisión.
3.- Se toma en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de las Fuerzas de Seguridad.
4.- Se trata de evitar, que los delincuentes, evadan la acción de la justicia, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo activadas que afecten a la sociedad.
Alejandro Ruiz Uribe, puntualizó que el Gobierno Federal considera que los delitos graves que ameritan PPO son: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidios, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción (tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones).
También: robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, así como delitos graves que determina la ley en contra de la seguridad de la Nación.
Finalmente señaló que espera que los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomen en cuenta que los mexicanos tienen como demanda importante la seguridad y el combate a la corrupción y en esa medida reflexionen sobre la petición que les hace el Gobierno Federal.