Nueve aspirantes a la presidencia de la CEDH comparecen ante diputados
MEXICALI.- Diputadas y diputados de Baja California, pertenecientes a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, entrevistaron a las nueve personas que aspiran a ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).
Desde el pasado mes de mayo se había fijado el plazo para que licenciadas y licenciados en Derecho, Colegios y Barras de Abogados, Organizaciones de la Sociedad Civil, así como personas con experiencia en la defensa, difusión y promoción de los derechos humanos, presentaran sus documentos en caso de querer aspirar al cargo.
El plazo fijado fue del 29 de mayo al 2 de junio de 2023, por lo que ahora las y los diputados de Baja California realizaron las respectivas entrevistas a quienes sí lograron aprobar la aspiración por medio de los documentos solicitados.
Quienes aspiran a ocupar el cargo son: Priscila Velásquez Placencia, Javier Ismael Delgado Ávila, José Luis Pérez Canchola, María Isabel Herrera Covarrubias, Carlo Diego Romero López, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez, Arturo Verdugo Camacho y Rebeca Valle Hernández.
Las y los exponentes realizaron una exposición inicial de diez minutos donde abordaron su preparación y trayectoria en el rubro, que a su consideración, les hace idóneos para ocupar el cargo, así como el papel que piensan desarrollar en caso de resultar electo como Ombudsperson.
Integrantes de la Comisión preguntaron a las y los interesados sobre temas relacionados a la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género, el desarrollo libre de la personalidad, atención a grupos vulnerables, protección de las comunidades indígenas, derechos humanos en el ámbito educativo, las personas migrantes, entre otros temas.
Tras haber concluido el proceso de entrevistas, el Congreso publicará en el portal de internet del Poder Legislativo, la lista oficial de aspirantes, además de que se colocará la relación en los estrados del Congreso del Estado para que organismos públicos y privados promotores de los derechos humanos, así como la ciudadanía en general emitan su opinión por escrito sobre quienes aspiran al cargo.