Se presenta iniciativa para endurecer las penas por discriminación en perjuicio de la educación pública
La diputada Alfa
Peñaloza Valdez presentó una iniciativa para aumentar la penalidad a quien
cometa discriminación en perjuicio de la Libre Educación Pública.
La inicialista justificó su propuesta de reforma al considerar que el
condicionar una inscripción, negar el acceso a la escuela por el pago de una
contraprestación o pago alguno, constituye a fin de cuentas “abuso de
autoridad” al afectar la igualdad del trato y oportunidades a todos los
alumnos.
El propósito es reformar el artículo 358 del Código Penal del Estado,
denominado “Discriminación en Perjuicio del Libre Ejercicio de la Educación
Pública”, el cual establece que se impondrán de dos a seis años de prisión y
hasta mil días de multa, a quien condicione por concepto del pago de cuotas
voluntarias u obligatorias, el derecho a recibir educación pública gratuita,
así como el ingreso de alumnos de educación pública preescolar, básica, media y
media superior, a los planteles que para este efecto proporcione el Estado.
La iniciativa, que fue depositada en Oficialía de Partes del Congreso del
Estado, pretende incrementar a ocho años en lugar de seis y, además, se le
destituirá del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitará para desempeñar
otro, hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, a quien
incurra en esta falta.
Sobre el particular, la diputada Alfa justificó su iniciativa en el hecho de
que el condicionar una inscripción, negar el acceso a la escuela por el pago de
una contraprestación o pago alguno, constituye a fin de cuentas abuso de
autoridad y está sancionado por la ley.
Además, la diputada argumentó que la educación es un derecho universal que
encierra la posibilidad de dignificar al ser humano, al tiempo que contribuye a
la mejora de la sociedad, y esta, “para nuestra nación, adquiere el carácter de
obligatoria, de acuerdo a la Constitución Federal que establece la realidad de
escuelas para todos; a que se disfrute en condiciones de igualdad, con respeto
a las diferencias y con la capacidad de que el servicio que se brinde lo sea
igual para quien puede o no hacer una aportación adicional para su
sostenimiento”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y
dictaminación, en su caso.