Ante la incidencia de las llamadas telefónicas que buscan extorsionar a los bajacalifornianos, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) ha hecho un llamado al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado, a otras entidades del país así como a compañías privadas que directa o indirectamente pueden verse involucradas, para que refuercen los medios de seguridad y cumplan con su labor en este tema.
Se le pide al Gobierno del Estado que lleve dicha solicitud ante las autoridades federales para que estas a su vez exhorten a los encargados del tema en Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Chihuahua, Estado de México, Querétaro, Veracruz y Coahuila, para que combatan este delito y cumplan, por ejemplo, con la instalación de equipos inhibidores de señal telefónica en las cárceles, de dónde provienen la mayoría de estas llamadas.
Jonathan Díaz, presidente del CCSPBC, expresó que en base a información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en el periodo de enero a abril del presente año, se han evitado por medio de 11, 127 denuncias anónimas al teléfono 089, que los extorsionadores roben 2 millones 339 mil 400 pesos y 203 mil 270 dólares y que sólo el 10% de las personas evitan caer en el engaño.
Según el Centro Estatal de Denuncia Anónima de la SSPE, en lo que va del año, la modalidad más utilizada por los extorsionadores ha sido la del “familiar secuestrado”, le sigue la “amenaza del crimen organizado”, la de “familiar detenido en la aduana”, “amenazas por supuesta denuncia” y el intento de “fraude por rifas y sorteos”.
En CCSPBC “confía en que las compañías telefónicas como movistar, Telcel y Iusacell, así como los bancos Banamex, Coppel, Banco Azteca, Santander y Bancomer, cumplan con su responsabilidad social de proporcionar la información requerida por las autoridades al investigar los casos de engaño telefónico”.
