No les gustó la nota y la atacan desde el poder ejecutivo y el Congreso del Estado
Atreverse a exhibir al gobierno, hoy en día resulta un insulto para los que están en el poder pues se creen los dueños absolutos de la verdad y creen merecer el respeto de todos cuando no son capaces de recibir una crítica fundamentada de medios de comunicación.
Resulta inverosímil que consideren la juventud de la periodista Aline Corpus Zimmerman o a quienes critiquen a este gobierno, como un factor para el descrédito de su trabajo, por haber exhibido, en este caso, el documento que ellos mismos enviaron a los titulares del Registro Civil de todo el estado para ocultar la información de las defunciones que se registran en esas dependencias.
La nota que causó la molestia de las autoridades, se publicó la semana pasada, “Esconden en BC cifras de muertos”, fue el encabezado de la nota y desde sus transmisiones en vivo tanto el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, el secretario general de gobierno estatal, Amador Rodríguez Lozano y el secretario de salud, Oscar Alonso Perez Rico arremeten contra la periodista de Grupo Reforma en su intento de realizar un derecho de réplica, descalifican la nota, a la periodista por su juventud y según ellos por su falta de experiencia, diciéndole que se ve may con su medio, dando a entender que eso terminará con su carrera y que su trabajo termina con huevo en la cara.
Eso no se puede considerar un derecho de réplica cuando se utiliza el abuso del poder para el descrédito, una réplica es ofrecer fundamentos que comprueben que la informacion es erronea, punto. No hicieron eso, no aclaran por qué consideran que la nota es incorrecta, solo dicen que no les gustó y se defendieron con insultos contra Aline Corpus por su edad, por trabajar para el Reforma y por haber dicho su versión con documentos y cifras.
Nada tiene que ver la edad de la periodista cuando no conocen su trayectoria, no tienen fundamento para decir nada sobre su experiencia y nada tiene que ver el huevo en la cara como datos de un gobernante para emitir su supuesto “derecho de réplica” por una nota que no les gustó.
Por supuesto que como periodistas nos hacemos responsables de lo que escribimos, de lo que investigamos y de la información que desplegamos para informar a la sociedad. No es ninguna mentira que las cifras de muertes por covid19 son más que las que reporta el gobierno. Las actas de defunción en las oficinas del Registro Civil de todo el estado son más que las cifras que presentan en su acostumbrado monólogo, el gobernador de B.C.
Vaya, hasta los propios empleados de hospitales desmienten las cifras que da el gobierno estatal. Además, no cuadran los números que entregan de manera transparente, según ellos, a la ciudadanía, se contraponen de un dia para otro.
Un dato interesante es que todas las muertes fuera de los los hospitales del gobierno o que no hayan sido ingresados a un hospital del gobierno, no son contabilizados como muertes por COVID19. Esos son los casos que dejan mucho de qué hablar del manejo de cifras de este gobierno y culpa a una periodista por hacer su trabajo de investigación, conseguir un documento oficial que fue circulado a los encargados de cada una de las oficinas del Registro Civil para que NO den declaraciones, estadísticas o información sobre defunciones.
Volviendo al tema del Congreso del Estado, después de haber sido atacada por el poder ejecutivo la periodista (parte del gabinete), que por su juventud, no la consideran lo suficientemente preparada, estudiada y con la experiencia para investigar y redactar una nota que exhibe los errores en las cifras, deficiencias en las estrategias y logística y en la información que el gobierno ofrece tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación. Vaya, en pocas palabras utilizaron la fuerza del poder contra una excelente periodista y tratan de denostar su labor con insultos a falta de respuestas reales.
También le entra al quite el jefe de comunicación social del Congreso del Estado, Miguel Ángel Torres Ponce, que prácticamente salió a defender a Jaime Bonilla, a Amador Rodríguez Lozano y al secretario de salud,lo peor es que lo hace desde un canal oficial del Congreso del Estado que se utiliza para la difusión de la información institucional. Es decir, el VOCERO del Congreso del Estado defiende mediante un video las descalificaciones del gobernador contra la periodista. Por supuesto que los medios reaccionaron al posicionamiento del jefe de comunicación social del Congreso del Estado y mediante un documento firmado, solicitarán a los diputados aclaren si el video mensaje representa la postura los diputados de la XXIII Legislatura para saber si esa será la forma de legislar en materia de Libertad de Expresión.