Experiencia negativa en privatización de agua en México
De manera silenciosa y desde la década pasada, empresas trasnacionales que controlan el servicio de agua potable en el mundo comenzaron a extender sus redes a México. Actualmente tienen el control del recurso en varias ciudades de México.
Aunque el proceso de privatización comenzó con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (PRI, 1988-2004), en el actual sexenio de Enrique Peña Nieto, que inició en 2012, se ha buscado consolidar este proceso. Las primeras concesiones fueron otorgadas a empresas extranjeras en 1993: y al igual que en otros países, la experiencia en México de las trasnacionales en el servicio de agua potable no ha sido positiva.
La ciudad de Aguascalientes, fue la primera en que los servicios de extracción, distribución y saneamiento fueron cedidos a una empresa privada.
Sin un proceso de licitación de por medio, en 1995 una empresa se hizo acreedora de la concesión por 30 años, luego de que el gobierno municipal, de origen priísta, decidió impulsar la privatización de los servicios con el argumento de la falta de recursos para subsidiar el recurso y la necesidad de elevar la eficiencia, la cobertura y la calidad.
El contrato establecía incrementos graduales de las tarifas, pero la empresa tenía planeado desde el principio un aumento importante para hacer frente a sus altos costos de operación,que se elevaron debido a la situación financiera del país.
En 1996 la inconformidad ciudadana politizó el tema, lo que derivó en la derrota del PRI en las elecciones frente al PAN.
La situación se agravó de tal forma que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tuvo que intervenir con un programa de rescate, porque consideró que la situación económica del país impedía a la empresa cumplir con las obligaciones del contrato.
La población calificó como “malo” el servicio, mientras lidiaban con filtración de aguas negras del drenaje a sus casas; en tanto tenían que cubrir el incremento de tarifas de 4 por ciento anual.
En Baja California, se ha desatado la polémica por la inconformidad de quienes aseguran hay un interés del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, por otorgarle a particulares un patrimonio como lo es agua potable.
A unas cuantas horas de dicha aprobación, se sabe que la concesión a través de contratos por licitación o adjudicación directa de Asociación Público Privada (APP) se otorgarán por el tiempo necesario para recuperar las inversiones del concesionario, el cual no podrá exceder de treinta años pudiendo prorrogarse hasta por un periodo igual al establecido inicialmente.
Fuente: La Jornada