Gobierno de Tecate deberá rendir informe sobre las cámaras de videovigilancia

MEXICALI.- El Congreso del Estado exhortó a la Fiscalía General del Estado de Baja California, así como a las presidencias municipales de los siete Ayuntamientos, para que rindan informe respecto al número, uso y funcionamiento de las cámaras de vigilancia instaladas en su jurisdicción.

“El tema de prevención del delito y la importancia de una estrategia coordinada de seguridad es y seguirá siendo de gran relevancia para nuestro estado”, expresó la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero.

Agregó que una de las primeras estrategias que el actual gobierno trató de implementar fueron las cámaras de videovigilancia, arcos lectores y botones de pánico, iniciativa que fue apoyada por la 24 Legislatura y aprobada en Sesión Ordinaria en mayo de 2022.

En ese sentido, se autorizó al Poder Ejecutivo a celebrar contrato de servicio plurianual para el “Servicio Integral de Equipamiento, Instalación, Mantenimiento e Integración Tecnológica para el Sistema Estatal de Video vigilancia en el Estado de Baja California”.

Lo anterior significó el financiamiento para ampliar la cantidad de 200 a 4 mil cámaras en los siete municipios, 4 mil botones de pánico y arcos de vigilancia.

Señaló que esta estrategia no ha tenido un rumbo claro, ya que, a casi 3 años de haberse aprobado, la operación del llamado C5 ha pasado a manos de la FGE, dejando la responsabilidad de finalizar la instalación de las cámaras en el limbo.

La legisladora consideró de suma importancia tener conocimiento de la situación que prevalece en el tema de las cámaras de seguridad con las que cuentan los municipios y la propia fiscalía del estado a quien le acaban de asignar las tareas del C5.

Por lo tanto, manifestó que es necesario buscar, a través de medidas legislativas, el fortalecimiento de la coordinación entre las autoridades obligadas a mantener la seguridad y paz en nuestra Baja California.

En ese sentido se exhorta a los Ayuntamientos a informar el número total de cámaras de videovigilancia instaladas con recursos propios, cuáles se encuentran en óptimas condiciones y en desuso, entre otros temas.

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