Colectivos LGBT y organizaciones civiles en Tijuana, exigieron a autoridades una investigación del grupo conocido como «Patrulla Espiritual».
Lo anterior tras acusaciones de que la organización sometió y trasladó por la fuerza a una persona trans en calles de Tijuana, hecho que detonó una ola de indignación.
Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales durante los últimos días, muestran el momento en que integrantes del grupo interceptan a una mujer trans identificada como Karime Emmanuel, quien presuntamente se encontraba en situación vulnerable.
En los videos se observa cómo varias personas la persiguen y posteriormente la obligan a subir a una camioneta, pese a que ella pide que la dejen ir.
El caso generó fuertes cuestionamientos debido a que la intervención no fue realizada por autoridades oficiales ni mediante protocolos institucionales de salud o atención social, sino por miembros del grupo.
Este martes, en protesta, diversos colectivos acusaron que el acto constituye una posible privación ilegal de la libertad, además de representar violencia física, psicológica y discriminación por identidad de género.
Frente a instalaciones de la Patrulla Espiritual, organizaciones defensoras de derechos de la diversidad sexual denunciaron que, además del traslado forzado, la víctima habría sido sometida a actos humillantes dentro del centro de rehabilitación vinculado a la agrupación.
De acuerdo con denuncias públicas emitidas por activistas, a la mujer trans le cortaron el cabello, le cambiaron su vestimenta y le exigieron “comportarse como hombre”, lo cual fue interpretado por colectivos como una práctica de “terapia de conversión”.
Dichos procedimientos que han sido ampliamente señalados por organismos internacionales de derechos humanos debido a los daños psicológicos y emocionales que pueden ocasionar.
Usuarios de redes sociales comenzaron a exigir la intervención de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), al considerar que este tipo de acciones no pueden justificarse bajo discursos de rehabilitación o ayuda comunitaria.
El presidente de la CEDHBC, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, reconoció públicamente la preocupación existente por la manera en que opera la denominada “Patrulla Espiritual”.
El ombudsperson estatal advirtió que las llamadas “detenciones” o internamientos forzados podrían incluso configurar delitos.
El titular de la comisión señaló que toda persona debe otorgar consentimiento para ser internada en un centro de rehabilitación y enfatizó que los procedimientos difundidos en videos muestran posibles excesos.
También confirmó que ya existe una queja reciente relacionada con presuntos abusos físicos dentro de uno de los centros vinculados a esta agrupación.
