La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) solicitó a la Secretaría de Educación del Estado garantizar la protección integral de alumnas del Conalep Tecate que denunciaron presuntos actos de acoso y violencia sexual, además de evitar cualquier acción que pueda derivar en su revictimización.
La petición surge luego de que trascendieran públicamente señalamientos contra un docente del plantel, acusado de conductas de índole sexual en perjuicio de varias estudiantes.
Ante esta situación, el organismo defensor de derechos humanos abrió un expediente de queja para revisar la actuación de las autoridades involucradas.
A través de un exhorto, la CEDHBC destacó que cualquier denuncia relacionada con violencia sexual contra niños y adolescentes debe atenderse con sensibilidad, prontitud y estricto apego a los estándares de derechos humanos, priorizando en todo momento el bienestar y la protección de las posibles víctimas.
El organismo también manifestó inquietud por declaraciones atribuidas a representantes de la autoridad educativa que habrían calificado como posibles actos de difamación las acusaciones difundidas en redes sociales, argumentando la ausencia de denuncias formales. En ese sentido, recordó que corresponde únicamente a las instancias competentes determinar la veracidad de los hechos denunciados.
La Comisión advirtió que emitir juicios anticipados antes de una investigación formal podría desalentar futuras denuncias y generar afectaciones a quienes aseguran haber sido víctimas, además de contravenir los principios de protección reforzada que deben aplicarse cuando se trata de menores de edad.
Asimismo, enfatizó que las instituciones educativas tienen la responsabilidad de implementar medidas de protección y acompañamiento para salvaguardar la integridad física y emocional de las estudiantes mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
Aunque reconoció que las personas señaladas cuentan con derechos laborales y presunción de inocencia, la CEDHBC sostuvo que estos principios no deben estar por encima de la obligación del Estado de proteger a niñas, niños y adolescentes frente a situaciones que puedan comprometer su seguridad.
Finalmente, el organismo exhortó a las autoridades educativas a activar de manera inmediata los protocolos de atención y prevención establecidos para este tipo de casos, garantizar la confidencialidad de las posibles víctimas, brindar apoyo psicológico especializado y adoptar medidas que eviten cualquier contacto inapropiado entre las personas investigadas y el alumnado, cuando las circunstancias así lo requieran.
